Como un golpe maestro de la recién iniciada administración Peña Nieto contra la acendrada corrupción sindical en México es considerada la detención de Elba Gordillo, líder histórica del influyente sindicato de maestros.
“No hay intereses intocables”, advierte el flamante nuevo mandatario mexicano.
Queda por verse si las estructuras, poderes e intereses de su partido, el PRI, carcomido hasta los tuétanos de corrupción, le permiten avanzar con esa cirugía mayor que se ha propuesto.
Pero el golpe, guardando las distancias y proporciones, debería abrir los ojos en países como el nuestro para que las autoridades revisen las cuentas de algunos gremios, cuyos líderes se creen, como en México, intocables, y se empotran, vitalicios, en el poder de ciertas organizaciones, como amos y señores de voluntades y, por supuesto, de los recursos de sus agremiados.
En Costa Rica, por ejemplo, instituciones claves del país viven bajo la soga de un sindicalismo decadente, atrincherado en los privilegios y prebendas de sus dirigentes y sometidos a la imposición de minorías que deciden sobre la suerte de miles y miles de agremiados.
¿Quién da cuenta de los millones en recursos que se manejan en las cuentas de esos sindicatos?
¿Quién controla esos fondos gremialistas?
¿Dónde están las auditorías públicas?
Un reciente escándalo con un fallido proyecto turístico propiciado por una de las principales organizaciones sindicales costarricenses terminó en el canasto del olvido, sin que nadie diera cuentas, ni hubiese intervención de autoridades. Al caso lo cubre un extraño silencio.
¿Será necesario un bombazo a la mexicana para esclarecer cómo anda el manejo de algunas de estas organizaciones locales?
A La Maestra, Elba Gordillo, la arrestan bajo gravísimos cargos de lavado de dineros provenientes de las cuotas de miles de docentes agremiados. Se le acusa de malversar al menos $200 millones.
Se dio gustazos en sospechosas operaciones desde compras de propiedades en la suntuosa isla Coronado de San Diego, California, hasta cirugías estéticas.
La Procuraduría mexicana la acusa, según el diario El Universal, de “triangular recursos a Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de créditos personales, adquirir inmuebles como una residencia en California a nombre de su mamá, así como para realizarse cirugías estéticas o comprar obras de arte”.
Hizo y deshizo con dinero contante y sonante de los agremiados manejado al antojo de ella y de sus secuaces.
¿Pero cómo andan las cuentas de esos sindicatos intocables en países como el nuestro donde algunas organizaciones y sus dirigentes se apertrechan en el silencio y en la evasiva de su actuar y en la agresión a quienes osen cuestionarlos?
¿Por qué no se abren al escrutinio público y, en especial, de sus agremiados?
No vaya a ser que, en una que va y en otra que viene, nos llevemos, tardíamente, un batacazo, repito, con las debidas distancias y proporciones, como el que acaba de asestar, con acierto, la administración Peña Nieto a una dirigente, otrora intocable, hoy caída en desgracia.
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